Pasaron más de tres décadas para que el Estado panameño declarara el 20 de diciembre como día de duelo nacional.
Un reclamo histórico de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, y de organizaciones sociales que durante años exigieron el reconocimiento de esa fecha como un paso en la búsqueda de justicia y verdad.
Este jueves el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó la ley que formalizó la medida. “Saldamos una deuda con la patria, con los caídos en aquel trágico evento a quienes recordamos con respeto”, dijo el mandatario durante el acto de sanción.
La nueva ley, que fue aprobada de manera unánime por partidos e independientes en el pleno de la Asamblea Nacional, establece que la bandera nacional ondeará a media asta en todo el país, entre otras medidas para guardar el luto. Además, la norma fija la fecha como día de descanso obligatorio al modificar el artículo 46 del Código de Trabajo.
Igualmente, los centros educativos deberán realizar actos públicos donde se expliquen las causas, motivos y consecuencias de la agresión estadounidense.
Para Juan Planells, presidente de la Comisión 20 de Diciembre, la decisión es un paso importante en el camino de solventar la “vergüenza histórica”, como califica el olvido que ha tenido el país con lo ocurrido durante esa intervención.
“Esto rescata esa deuda que se ha mantenido con todos los que sufrieron directamente y todos los que hemos sufrido indirectamente las consecuencias de la invasión”, destacó Planells, quien considera que la ley ayudará a atender esa parte de la historia nacional que “por mucho tiempo se ha querido ocultar”.
Planells indicó que la comisión que investiga oficialmente los muertos y desaparecidos de la invasión, se encuentra ya en una fase de hacer el análisis de ADN de los restos exhumados de algunas de las víctimas para su identificación, solo a la espera del traspaso de un laboratorio que corresponde al Instituto de Medicinal Legal.
En la invasión participaron más de 26 mil efectivos estadounidenses, fue la movilización de tropas más grande desde la Guerra de Vietnam. La excusa principal de Washington para la intervención fue capturar al entonces jefe de las antiguas Fuerzas de Defensa, el general Manuel Antonio Noriega.
Bajo la operación que denominaron “Causa Justa” bombardearon con sofisticado armamento diferentes puntos del país, especialmente las ciudades de Colón y Panamá, dejando un incierto saldo de muertos, en su mayoría civiles panameños. Cifras oficiales hablan de unos 500 fallecidos, aunque otras fuentes las elevan a más de 3.000.
En 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que Estados Unidos “cometió graves violaciones a los derechos humanos durante la acción armada” y que está obligado a indemnizar a las víctimas, en su vasta mayoría civiles y no combatientes.
La jurista panameña Gilma Camargo, que presentó sin ayuda del Estado junto al también abogado José Luis Morín el caso de la invasión ante la CIDH, un proceso que terminó con un informe que reconoce los abusos de los estadounidense en Panamá, calificó de “victoria del pueblo” la nueva ley de duelo nacional.
“Es un logro de las víctimas y de la población que han luchado por años. Nos complace que hayan tenido que admitir que ese fue un día de mucho dolor. Esto va a permitir a los familiares de las víctimas un día de paz y de duelo”, dijo Camargo, quien considera que el gobierno debe ahora respaldar las gestiones para que Estados Unidos cumpla las recomendaciones de la CIDH. Estas incluyen, entre otras, el reparar integralmente las violaciones de derechos humanos durante la intervención.
Por el contrario, sectores empresariales cuestionaron la nueva norma y aseguran que “no fueron consultados”.
“(El 20 de diciembre) como día de asueto, debió de haber sido previamente consultado con el sector privado o el sector productivo, que va a tener una afectación», dijo a la prensa José Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, en referencia al día de descanso.
Fuente: La Estrella