El prelado recordó que más de tres décadas después de la invasión no se conoce «a ciencia cierta cuántas vidas se perdieron»
La «profunda herida» causada por la invasión de EE.UU. a Panamá «aún permanece abierta», afirmó este lunes el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, durante una invocación religiosa por el 32 aniversario de la acción militar estadounidense que derrocó al dictador Manuel Antonio Noriega.
Al recordar a los «caídos el 20 de diciembre de 1989», el prelado calificó la invasión como «uno de los acontecimientos más doloroso de la historia» del país, y pidió a los ciudadanos preguntarse si se hizo «todo lo que estuvo en nuestras manos para evitar el enfrentamiento entre panameños».
«Aunque han transcurrido 32 años, es imposible ser indiferentes y mucho menos insensibles al escuchar el clamor de las víctimas y de los familiares de los fallecidos a causa de la invasión. Recordar las escenas dantescas de cómo quedó nuestro país, no solo en la ruina material sino también moral, aún estremecen nuestra conciencia», afirmó Ulloa.
El prelado recordó que más de tres décadas después de la invasión no se conoce «a ciencia cierta cuántas vidas se perdieron» en aquel acontecimiento, y que son miles las víctimas que exigen saber la verdad.
Es por ello que resaltó la «gran responsabilidad histórica» que tiene la llamada «Comisión Especial 20 de diciembre de 1989, creada en el 2016 con el objetivo de «esclarecer y ofrecerle al pueblo panameño la verdad de lo sucedido durante la invasión».
«El gran bien para todos, es la verdadera justicia, es dar a cada uno lo que corresponde», dijo el jerarca católico, y resaltó que los panameños necesitan reencontrarse y escucharse «para sanar».
Más de 30 años después aún no se sabe con certeza en Panamá el número real de los fallecidos durante la invasión, en la que EE.UU. movilizó 26.000 soldados y usó armamento de última generación para capturar a Noriega (1934-2017).
Acusado de narcotráfico por Estados Unidos, Noriega, que gobernó de facto entre 1983 y 1989, se entregó el 3 de enero de 1990 a los estadounidenses, lo que supuso el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensa panameñas.
Documentos estadounidenses desclasificados a lo largo de los años y publicados por primera vez en diciembre de 2019 señalan 516 muertos durante la invasión, de ellos 314 militares, la gran mayoría panameños, mientras que en el país centroamericano se habla de miles de civiles fallecidos y de violaciones de derechos humanos.
La Comisión Especial, respaldada por el Gobierno panameño y que ya ha identificado al menos 350 víctimas, sostiene que, contrario a lo que muchos creen, los muertos durante la invasión no fueron aliados del Gobierno de Noriega sino civiles «que sufrieron estas consecuencias a través de violación de protocolos de guerra».
Fuente: La Estrella de Panamá