Se cumplen 34 años de la invasión de EE.UU. a Panamá y el secretario general de la Comisión 20 Diciembre habla del desafío de buscar la verdad, y los reclamos por justicia

El 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos ejecutó la movilización de tropas más grande desde la guerra de Vietnam. Más de 25.000 efectivos militares atacaron por tierra y aire a Panamá, con la excusa de derrocar a su otrora aliado y exagente de la CIA, el general Manuel Antonio Noriega. Una invasión que dejó muerte y destrucción, sin que aún se conozca el número oficial de afectaciones, fallecidos y desaparecidos.

Este martes conversó en “Portada” de La Estrella de Panamá, José Luis Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, sobre el trabajo que realizan, particularmente para esclarecer el número de víctimas, la identidad de los fallecidos y las violaciones de derechos. Un elemento clave para cumplir con las exigencias de justicia tras 34 años de la invasión.

“Como país estamos un poco tarde, esperamos mucho tiempo para comenzar este trabajo, es una deuda pendiente”, subrayó Sosa sobre la labor de la comisión, establecida en 2016 y que desde su inicio ha enfrentado duros retos como la dispersión de la información en los archivos de las instituciones, la falta de recursos y retrasos en la entrega del dinero para operar.

“La situación caótica (de la invasión) se ve reflejada en los documentos (de la época). Algunos documentos con falta de información importante y para recuperarla hubo que realizar un trabajo en los archivos de las entidades”, dijo.

Indicó que han establecido colaboración internacional con experimentados equipos forenses de Guatemala, Argentina y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, que facilitó el acceso a cerca de 600 documentos desclasificados en Estados Unidos sobre la invasión.

Explicó que han logrado avances en la identificación de algunas de las víctimas registradas como desaparecidas, así como esclarecer la situación de otros casos que continúan abiertos. Incluso se entregó formalmente uno de los restos identificados a sus familiares. Un esfuerzo que involucra profesionales de distintas disciplinas como antropólogos, sociólogos, médicos forenses, abogados, trabajadores sociales, psicólogos e historiadores; además de importante participación de voluntarios, en su mayoría estudiantes.

Destacó como un logro la declaración de duelo nacional del 20 de diciembre, en memoria de la víctimas. Un reclamo histórico de familiares desde inicios de la década de 1990.

Sosa enfatizó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en 2018 donde señala que EEUU cometió amplias violaciones al derecho internacional y humanitario con la invasión, con lo cual el Estado panameño está obligado a conducir las gestiones correspondientes para atender los clamores de justicia y resarcimiento a las víctimas ante instancias internacionales, como recomendó el organismo.

“Es importante colocar en perspectiva que la invasión no puede considerarse de ninguna manera una liberación y fue el peor escenario para iniciar nuestra democracia, no podemos pensar que si en Panamá volvemos a tener problemas los norteamericanos vengan a ‘liberarnos’. Son cosas que hay que superar”, sostuvo Sosa, en referencia a los comentarios de algunos políticos en redes sociales, que aún califican de “liberación” los hechos de la agresión estadounidense. Reconoció que todavía existen sectores en el país que no quieren que se conozca la verdad de la invasión, pero que estos son cada vez menos.

“Durante esos días de la invasión, ocurrieron cantidad de hecho trágicos y horrorosos. No solo aquellos cometidos por la tropas de EE.UU., sino aquellos como consecuencia de esa intervención (…) hay gente que so pretexto de defender su barriada tomó las armas y cometió asesinatos, gente que murió en medio del saqueo y otros en los retenes de los norteamericano, cuando les decían que pasaran y luego a un metro les disparaban. Son casos que están documentados y la Comisión cumplirá con su misión de entregar un informe final y esperamos que tengan un impacto y contribuya a esa obtención de justicia. Las familias reclaman que haya justicia, que la muerte de sus seres queridos no quede impune”, remarcó.

Fuente: Resumen Latinoamericano