El 20 de diciembre de 1989 Estados Unidos invadía Panamá, en lo que luego se conocería con el nombre de “Causa Justa”, una operación que involucró a 25.000 soldados estadounidenses, además de las tropas que habitualmente permanecían en las bases cercanas al Canal de Panamá.

Su objetivo era capturar al entonces presidente Manuel Antonio Noriega, militar y político que mantenía el poder en el país istmeño. Su mandato comenzó en 1983, sucediendo a Rubén Darío Paredes y a Omar Torrijos.

De ser uno de los más fieles colaboradores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración para el Control de Drogas​ (DEA), Noriega pasó a convertirse en enemigo de Washington.

El conflicto vino cuando Noriega anunció que debía abandonar el territorio la Escuela de las Américas de EE.UU., una academia militar que había funcionado en Panamá desde 1946, calificada por los medios como la «escuela de asesinos», donde él mismo se había formado.

Luego de dirigir a la nación centroamericana una campaña de acciones encubiertas para desestabilizarla, el entonces presidente de EE.UU., George Bush (padre), justificó la invasión basado en cuatro razones: por un lado la protección de las vidas de ciudadanos estadounidenses residentes en Panamá; por otro, la restauración del sistema democrático y el querer asegurar el buen funcionamiento del canal; además de prometer capturar al general Noriega para su conducción a la justicia estadounidense.

No obstante, documentos secretos revelados mucho tiempo después daban cuenta de las verdaderas intenciones de la Casa Blanca con este inverosímil operación. Una de ellas era abrogar los tratados que involucraban al Canal de Panamá, y asegurar su control más allá del año 2000, y por otra parte, cancelar los contratos con Japón para las alternativas al Canal y cortarle su ascenso al poder mundial.

¿Qué consecuencias trajo la invasión?

Entre los primeros objetivos perseguidos por los invasores estuvieron los cuarteles militares de las Fuerzas de Defensa de Panamá, pero las acciones en dichos sitios repercutieron en las áreas civiles aledañas, afectadas tanto por la acción directa de las tropas estadounidenses como por el posterior saqueo.

Lo que al inicio iría enfocado a las fuerzas militares panameñas, se extendió a la población civil y la infraestructura de varias zonas residenciales. Las cifras de muertos y heridos fueron dramáticas y varían en dependencia de las fuentes.

Según datos ofrecidos por la Iglesia católica, a causa de la invasión se produjeron 655 muertes de panameños, de los cuales 314 eran militares y 341 civiles. En cuanto a los heridos, la cifra asciende a 2007, y de ellos solo 124 militares.

Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal de Panamá registró 255 muertes y 93 desapariciones. De estos últimos, 39 correspondían a militares, el resto eran civiles.

El Comité Panameño de Derechos Humanos, por su parte, contabilizó 556 muertos y 93 desapariciones, y otros organismos como la  Asociación de Familiares de los Caídos el 20 de diciembre de 1989, fija el número de víctimas en alrededor de 4.000.

Por el lado estadounidense  el Comando Sur dio cuenta de 26 muertos y 324 heridos. A pesar de las divergencia, cualquiera de las cifras que se tome como referencia será alta.

Además de las pérdidas humanas, esta invasión ocasionó la destrucción de gran parte de la infraestructura del país, dejando a miles de personas sin hogar, obligadas a desplazarse de sus domicilios, refugiándose en otros territorios.

Aunque la Ciudad de Panamá fue la más golpeada por esa operación bélica, también hubo víctimas en Colón y Río Hato. Estas zonas, según Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «fueron bombardeadas e incendiadas indiscriminadamente». Otra de las áreas residenciales más afectadas fue El Chorrillo, donde habitaban más de 30.000 personas en unas 20 hectáreas.

El alto número de hogares y edificaciones afectadas por la invasión da muestras de que las tropas norteamericanas no hicieron el menor esfuerzo por limitarse a blancos militares, y evitar daños a las vidas y bienes de la población civil panameña.

El resultado fue que, según la demanda presentada ante la CIDH, 18.000 personas civiles quedaron sin techo.

A pesar de las promesas de los invasores de compensar los daños causados en las viviendas de estos refugiados, lo cierto es que no ha sido suficiente para los afectados.

Un estudio del Instituto noruego para Investigación en Economía y Administración de Negocios (SNF) destacó que en el sector financiero la gran mayoría del dinero «es de origen estadounidense, lo que convierte a Panamá en el mayor paraíso fiscal con influencia estadounidense».

De este modo, durante los primeros años del segundo milenio miles de empresas se radicaron en el país, y cientos de multinacionales se han instalado.

Esta realidad contrasta con los índices de pobreza que exhibe Panamá. En las ciudades panameñas actualmente coexisten los grandes rascacielos, propiedad de lucrativas empresas, y las paupérrimas viviendas de los ciudadanos comunes.

En 1997, el 37,3 por ciento de la población estaba en condición de pobreza, incluyendo 18,8 por ciento en pobreza extrema. En 2017, la situación no había cambiado mucho, pues de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza se mantenía en 20,7 por ciento más 9,8 por ciento de pobreza extrema, o sea, una tasa general de 30,5 por ciento.

Aun hoy para las miles de víctimas de estos sucesos no se ha hecho justicia, y varios colectivos panameños se pronuncian cada año en esta fecha para rendir tributo y exigir justicia.

Fuente: Tercera Informacion