Protestas de movimientos sociales, actos oficiales y liturgias religiosas que reclamaron justicia y la verdad en torno a la invasión de Estados Unidos en 1989, identificaron la semana noticiosa que concluye hoy en Panamá.

Hasta la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional (parlamento) y la representación diplomática de Washington en el Istmo llegaron diversas marchas para condenar la operación bélica denominada Causa Justa que protagonizaron unos 26 mil soldados contra un pueblo indefenso.

Por su parte, la Comisión Nacional 20 de diciembre, encargada de investigar los acontecimientos y atender los procesos de identificación de las víctimas, rindió de forma virtual un informe de su labor mediante videoconferencia.

El catedrático Juan Planells, al frente de ese colectivo adscrito a la cancillería, precisó más temprano a Prensa Latina que contarán desde 2022 con un moderno laboratorio de ADN para la identificación de restos de cadáveres hallados en exhumaciones en los cementerios Jardín de Paz, en la provincia de Panamá, y en Monte Esperanza, en la caribeña Colón.

También Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los caídos en la invasión, adelantó la esperanza de poder contar con un Museo que recoja en imágenes, testimonios, documentales, y otros soportes, la verdad sobre aquellos trágicos sucesos.

El Ejecutivo emitió un decreto que declaró este 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional en recordación a las víctimas de la invasión norteamericana, iniciativa que los movimientos sociales consideran insuficiente, pues debería tener rango de ley.

En los últimos siete días, también acaparó titulares el registro del primer caso de contagio con la variante Ómicrom, del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.

Según el ministro de Salud, Luis Fernando Sucre, se trató de un extranjero residente de 50 años, que arribó al país canalero el pasado 8 de diciembre, con antecedente de viaje reciente a Sudáfrica.

Hasta la fecha se han identificados otro dos dos casos, y las autoridades sanitarias insisten en acelerar la inmunización, al punto que el Ejecutivo redujo de seis a tres meses el lapso para administrar dosis de refuerzo a mayores de 16 años.

Sucre comunicó además que, con la llegada de Ómicron, el Gobierno no ha tomado ninguna nueva restricción porque es un solo caso importado y por ahora no conlleva otras medidas.

En la semana trascendió además violaciones en residencias infantiles detectadas en una inspección realizada por la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a solicitud del Ministerio de Desarrollo Social. (Agencia Prensa Latina).