Ciudad de Panamá, 20 dic (EFE).- «La sangre derramada, jamás será olvidada», coreaban este lunes grupos de izquierda frente a la Embajada de EE.UU. en Panamá, en memoria de los «miles de asesinados» durante la invasión estadounidense en 1989 para derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega.

«Ellos lo único que le han aportado a nuestro país es desgracia a lo largo de la historia, desde su intervencionismo hasta hoy en día», dijo a Efe el secretario general del poderoso Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y ex candidato presidencial, Saúl Méndez.

En el 32 aniversario de la invasión de Estados Unidos a Panamá «no se sabe cuántos son las miles de personas asesinadas por las bombas gringas», señaló Méndez.

El número real de fallecidos durante la invasión, en la que EE.UU. movilizó 26.000 soldados y usó armamento de última generación para capturar a Noriega (1934-2017) en 1989, no se sabe con certeza. Familiares de muchas víctimas continúan aún hoy buscando a sus seres queridos.

Organizados en sindicatos y movimientos sociales, centenares de manifestantes marcharon este lunes pacíficamente con banderas y cánticos contra el «imperalismo yanqui» hasta la legación estadounidense.

Señalaron que desde la sede diplomática, a la que calificaron como una «base militar», los estadounidenses «espían» a los movimientos civiles de Panamá y Latinoamérica.

«A 32 años de ese nefasto acto militar contra un pueblo indefenso, al margen del militarismo que ellos mismo clavaron en América Latina y en Panamá en su política contrainsurgente, nuestro pueblo sigue trillando por la transformación de un país que debe asumir su soberanía plena», agregó Méndez.

La invasión es «uno de los acontecimientos más doloroso de la historia» de Panamá, aseguró este lunes el arzobispo metropolitano, José Domingo Ulloa, quien pidió a los ciudadanos preguntarse si se hizo «todo lo que estuvo en nuestras manos para evitar el enfrentamiento entre panameños».

Estados Unidos movilizó a 26.000 soldados contra unos 12.000 hombres de Noriega para invadir Panamá y capturar al «hombre fuerte» de este país, acusado por la Justicia estadounidense de narcotráfico y que finalmente se entregó el 3 de enero de 1990.

Documentos desclasificados publicados por primera vez en diciembre de 2019 reiteran las cifras de muertos conocidas desde entonces como oficiales: «202 civiles y 314 militares», publicó Panama Files.

Extraoficialmente se habla de entre 500 y 4.000 civiles fallecidos.

El barrio de El Chorrillo, donde estaba el cuartel central de las Fuerzas de Defensa panameña, fue arrasado durante el combate, y en los días posteriores a la invasión hubo saqueos a comercios de la capital y la ciudad caribeña de Colón con pérdidas millonarias.

«Aunque han transcurrido 32 años, es imposible ser indiferentes y mucho menos insensibles al escuchar el clamor de las víctimas y de los familiares de los fallecidos a causa de la invasión. Recordar las escenas dantescas de cómo quedó nuestro país, no solo en la ruina material sino también moral, aún estremecen nuestra conciencia», afirmó Ulloa.

La llamada «Comisión Especial 20 de diciembre de 1989», creada en el 2016 y respaldada por el Gobierno panameño, tiene como objetivo determinar el número real de víctimas, identificarlas y establecer la base para probables reclamaciones individuales, ha explicado a Efe su presidente, Juan Planells.

La comisión, que ya ha identificado al menos 350 víctimas, sostiene que contrario a lo que muchos creen, los muertos durante la invasión no fueron aliados del Gobierno de Noriega sino civiles «que sufrieron estas consecuencias a través de violación de protocolos de guerra».

El Gobierno de Panamá presidido por Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), que apoyó al gobierno militar, decretó este 20 de diciembre como día de luto nacional por la invasión.

Fuente: SWI