Hace 34 años, Braulio Bethancourt era un oficial de 56 años de las ya extintas Fuerzas de Defensa de Panamá que se encontraba de turno en el Fuerte Amador, situado en las afueras de la capital.
“Hace cuatro años volvió la invasión a nuestros corazones, volvimos a escuchar a mi papá llamar por teléfono unas horas antes y decirme, ‘la bicicleta que le compré a mi primer nieto’, que es mi hijo, ‘la pones en el arbolito de tu mamá’ (…) así llevamos cuatro años, cada vez que llega el 20 de diciembre”.
Con esas palabras, Brigitte Bethancourt explica a EFE su sentir desde que en el 2019 fueron exhumados los restos de un hombre muerto durante la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989 que según los registros oficiales era su padre, un extremo que siempre negó la familia y que confirmó meses atrás un estudio de ADN: en efecto, no se trataba del panameño Braulio Bethancourt.
Hace 34 años, Braulio Bethancourt era un oficial de 56 años de las ya extintas Fuerzas de Defensa de Panamá que se encontraba de turno en el Fuerte Amador, situado en las afueras de la capital, como informó el 1 febrero de 1990 el diario La Prensa -lo que recoge un cable de EFE de aquella fecha- al publicar una fotografía del “hombre desaparecido desde el 20 de diciembre” anterior en un aviso con el cual la familia pedía información sobre su paradero.
El día de la invasión, cuenta Brigitte, su padre “tenía 14 personas a su cargo” y cuando “vieron a los paracaidistas” estadounidenses decidió que debían salir del lugar.
“Pero mi papá se devuelve y les dice ‘sigan ustedes que voy a tomar instrucciones del capitán (Moisés) Cortizo’, que hoy es el hermano de nuestro presidente”, Laurentino Cortizo, agrega la mujer de 64 años. Desde entonces se desconoce el paradero de su padre.
“Ese no es mi papá”
Con la reapertura de 14 casos de desaparecidos durante la invasión, se exhumaron en 2019 restos en el cementerio capitalino Jardín de Paz, donde una lápida lleva el nombre Braulio Bethancourt.
“El primero que sacan es el nombre de mi papá y le digo a mi mamá ‘no te preocupes, no es mi papá’”, cuenta Brigitte, una certeza que la familia mantenía desde las exhumaciones masivas realizadas en abril y mayo 1990, como lo explica la Comisión 20 de diciembre de 1989, un ente que trabaja desde el 2016 en la identificación de las víctimas de la intervención militar.
En 1990, la familia denunció que las características físicas y la vestimenta del cuerpo exhumado no correspondían con las de Braulio Bethancourt, según afirma la Comisión en un comunicado de julio pasado, en el que explica que “una de las hijas de la víctima” ya había reconocido “una fotografía del cadáver de su padre”.
En aquel entonces a la familia “se les presentó un cadáver de un hombre de treinta y tantos años, con dentadura completa” y vestimenta a la moda de entonces, cuando el desaparecido “tenía 56 años, un diente de oro y no acostumbraba a vestir de esa manera”, pues “era teniente de las Fuerzas de Defensa de Panamá asignado al Comando General de la Comisión de Defensa y Seguridad (Cogecodese), cuyas oficinas estaban ubicadas en Amador”, agregó.
Pese a la denuncia de la familia, “mi mamá tuvo que pagar el ataúd, poco a poco” porque “después de una invasión nadie está económicamente bien”, relata Brigitte mientras señala una foto del cofre que permanece colgada en la sede la Comisión 20 de diciembre.
En la lápida que “quedó con el nombre de mi papá esta otra persona, que quién sabe quién también lo anda buscando”, agrega y expresa su esperanza en que los restos de su padre estén entre los exhumados en el 2019.
La Comisión 20 de diciembre afirma que los informes de exhumación apuntan a que los restos de Braulio Bethancourt podrían encontrarse en otra ubicación dentro de la fosa común del Cementerio Jardín de Paz o entre los restos de 33 sepulturas exhumadas en el 2019 en ese lugar y que están pendientes de análisis genético.
Los Bethancourt “están sin saber dónde está su familiar. Ese es parte del dolor y las tragedias que dejó la invasión. Hay muchas familias en esa situación”, dijo a EFE Rolando Murgas, el presidente de la Comisión que trabaja en la identificación plena de las 439 personas muertas o desaparecidas incluidas en un registro que ha construido el ente y que se actualiza de forma continua.
Este miércoles se cumplen 34 años de la operación “Causa Justa”, que movilizó a 26.000 soldados y usó armamento de última generación para capturar en Panamá bajo cargos de narcotráfico al dictador Manuel Antonio Noriega (1934-2017), quien había sido durante décadas un colaborador de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
Documentos estadounidenses desclasificados a lo largo de los años y publicados por primera vez en diciembre de 2019 señalan 516 muertos durante la invasión, de ellos 314 militares, y la gran mayoría panameños, mientras que extraoficialmente se habla en Panamá de entre 500 y 4.000 civiles fallecidos.
Fuente: La Estrella de Panamá