El rompecabezas de un día de duelo

FUENTE:  LA PRENSA

La declaratoria de Día de Duelo Nacional sirve para visibilizar el trabajo de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, y la necesidad de asignar más fondos a la búsqueda de la verdad sobre la invasión.

Después de 31 años de ocurrida la invasión de 1989, este es el primer día de duelo nacional en conmemoración de ese evento. Aún con pandemia, la fecha se presta para una profunda reflexión histórica, política y existencial sobre Panamá y los momentos que la han definido.

Según el ingeniero Juan Planells, presidente de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, el esfuerzo realizado a la fecha ha podido reconocer oficialmente, con documentación de respaldo, que la acción militar estadounidense tuvo como resultado 350 víctimas panameñas, “la gran mayoría inocentes”, afirmó Planells. Aún así, ese no es el número definitivo, ya que la comisión sigue investigando otros casos, y Planells reconoce que “hubo destrucción de documentos, incluso por el ejército de Estados Unidos, que entró a la morgue y a los hospitales”.

La invasión de 1989 consistió en una acción armada de unos 25 mil 600 soldados de aire, mar y tierra, de las fuerzas armadas de Estados Unidos, compuesta por 12 mil 600 militares estacionados en Panamá, y 13 mil movilizados desde Estados Unidos, que ocuparon Panamá “oficialmente” por 42 días. Aunque la operación denominada “Causa Justa” tenía por objeto, entre otros, la defensa del Canal de Panamá y la protección de las vidas de ciudadanos estadounidenses en el país, la gran mayoría de los analistas e historiadores considera que esta intervención fue esencialmente una operación de captura del dictador panameño, el general Manuel Antonio Noriega.

LOS NUMEROS DE LA INVASIÓN

El sismógrafo del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró la caída de la primera bomba a las 12:46 de la madrugada del 20 de diciembre de 1989, y desde ese momento se registraron 417 bombas más en las siguientes 14 horas, aproximadamente una cada dos minutos, hasta que el aparato dejó de funcionar.

La United States General Accounting Office, equivalente a la Contraloría General de la República de Panamá, estimó el costo de la invasión en 166.3 millones de dólares. De acuerdo con el informe Issues Relating to the U.S. Invasion, publicado en abril de 1991 por el Congreso de Estados Unidos. Las fuerzas armadas estadounidenses realizaron 19 procesos de corte marcial, por abusos cometidos en la invasión a Panamá. De estos casos, 17 acabaron en condena, siendo la más grave una pena de siete años de prisión por la muerte de un panameño anónimo, que estaba desarmado y que fue ultimado el 23 de diciembre de 1989, en las cercanías de la represa Madden.

NO HUBO COMPENSACIÓN

Aunque se desconoce la cantidad exacta de víctimas panameñas de la invasión, los estimados de personas que perdieron o tuvieron que abandonar sus viviendas fueron alrededor de 20 mil panameños. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe N121/18, caso 10.573, del 5 de octubre de 2018, las víctimas de la invasión y sus familiares tienen el derecho de que se haga una investigación lo más completa posible para determinar sus identidades y las condiciones de su muerte.

En la página 90 del informe, la CIDH afirma lo siguiente: “Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos establecidas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica”. Esta referencia a Estados Unidos tuvo como respuesta por parte de la misión diplomática estadounidense en Panamá, que dicho país sí había dado una compensación por la invasión.

Ese argumento se debilita frente a lo que el exministro de Economía y Finanzas, Guillermo Chapman, narró en un artículo titulado “Lo de la CIDH es harina de otro costal”, publicado en La Prensa el 22 de noviembre del 2018. En el artículo, Chapman explica que él fue negociador -por el gobierno de Panamá- del paquete económico después de la invasión, y que “el apoyo que proporcionaron en la forma de préstamos blandos y donaciones, más la devolución de recursos nuestros, fue muy importante para relanzar la economía y producir una recuperación de la producción más rápida de lo que muchos habíamos calculado. Sin embargo, ninguno de estos componentes fue en forma directa a resarcir a los panameños y residentes de sus pérdidas materiales, secuelas en su salud y desaparición de seres queridos, que es de lo que trata la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

DUELO INVISIBLE

Irónicamente, fue un gobierno panameñista el que aprobó el Decreto 121 del 9 de julio de 2016 que estableció la Comisión 20 de Diciembre de 1989. Habían pasado más de 25 años de la invasión, lo que hacía más difícil obtener testimonios y evidencias. A pesar de esto, como explica el ingeniero Planells, la comisión está investigando para que se reconozca a todas las víctimas de la invasión.

“Afortunadamente, la verdad se impone. Lo cierto es que con la invasión nos quitaron la opción de ser sujetos de nuestro propio desarrollo como tantas veces en nuestra historia. Nadie pidió que un país extranjero interviniera y no nos dejara salir de la dictadura por nuestros propios medios como ya habíamos adelantado y como hicieron el resto de los países que cambiaron dictaduras por democracias”, indicó.

Para Planells, hay una explicación muy clara de por qué Panamá tardó tanto tiempo en hacer la tarea de investigar sobre la identidad de las víctimas de la invasión. “Por miedo o por indiferencia no nos hemos atrevido a enfrentar la historia leída desde los hechos. Treinta años de cobardía para enfrentar lo ocurrido por medio de un debate nacional que solamente ahora, después de más de treinta años, mostramos disposición a investigar”.

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, y para el año 2021, ese ministerio no solicitó presupuesto para la comisión. Así es Panamá con el duelo de sus muertos. Uno tras otro se sobreponen en el tiempo: el duelo de la Covid-19 sobre el duelo de las víctimas de la violencia, por encima del duelo de las víctimas de la secta fanática en la comarca Ngäbe, que a su vez son una capa que cubre el duelo de las matanzas de Changuinola y San Félix, el duelo del dietilenglicol y del bus 8B-06, el duelo de la invasión, el de Hugo y Héctor, y el de tantos otros.