Trabajos para descubrir identidad de víctimas de la Invasión están en peligro

FUENTE:  TVN

El trabajo para conocer la verdad sobre la Invasión a Panamá está en peligro. En dos meses se acaban los fondos para continuar los trabajos de exhumación e identificación de cuerpos, así como los
fondos de la Comisión 20 de Diciembre.
El presidente Laurentino Cortizo se había comprometido con la Comisión a que se desembolsaran los fondos, pero la Contraloría General de la República no los ha aprobado.

Brigitte Betancourt perdió a su padre durante la Invasión. Espera que entre los 33 cuerpos que se exhumaron del Jardín de Paz, pueda encontrar respuestas. «Es una agonía de 31 años. No sabíamos dónde estaban nuestros seres queridos», cuenta Briggitte.

Identificó el cuerpo de su padre casi por casualidad, un día mientras pasaba por el Parque Omar y vio las oficinas de la Comisión. Allí encontró la foto de su padre, muerto, la cara golpeada y cubierto de sangre.
«El gobierno tiene la responsabilidad de darnos a nuestros seres familiares, de poner en las escuelas la historia de lo que en realidad sucedió durante la Invasión. No nos pueden consolar con nada», declaró.

José Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión 20 de Diciembre, cuenta la agonizante crónica de una burocracia que está poniendo en jaque la memoria histórica del país.

Trabajos para descubrir identidad de víctimas de la Invasión están en peligro La Comisión, creada en 2016, recibió fondos para operar por 2 años. Se ha mantenido hasta el 2020 con los mismos fondos.
A fines del 2019, se reunieron con miembros del nuevo gobierno, incluyendo al presidente Laurentino Cortizo. Sosa cuenta que existía buena voluntad, y se acordó extender el tiempo de vida de la Comisión (que expiraba en julio de 2020)
y asignarle más recursos.

En enero se iniciaron las exhumaciones de cuerpos en el Jardín de Paz, y se consiguieron expertos internacionales para realizar los trabajos arqueológicos y de identificación de los cuerpos cumpliendo estrictos protocolos científicos. La llegada del coronavirus en marzo forzó la suspensión de los trabajos, pero
luego de unas semanas volvieron a reanudar las labores.

El proceso era seguido por la ciudadanía, por familiares en busca de respuestas, y contaba con el acompañamiento del Ministerio Público. De hecho, se hizo incluso una inspección ocular en Monte Esperanza, otro sitio dónde se espera
hallar cuerpos de víctimas de la Invasión.
De lado del Gobierno, había nulo movimiento. Menos de una semana antes que se acabara el plazo de la Comisión (julio), la Cancillería emitió un resuelto administrativo para extender su existencia 12 meses más (6 meses menos de lo
que se había acordado).

Y nada del dinero.

A la fecha, Cancillería aún no realiza el trámite correspondiente (que debe ser luego refrendado por Contraloría) para que se continúen los trabajos en busca de la verdad.

La Comisión, estima que se quedará sin fondos en noviembre de este año. Aún quedan 31 cuerpos por identificar y someter a los exámenes de ADN y otros procesos requeridos. No hay tiempo.  «Antropólogos han empezado a procesar los cuerpos a partir del 15 de septiembre. Ya todas las bolsas han sido escaneadas y las primeros han sido abiertas. Hay que lavar cada cuerpo, sus ropas y pertenencias antes del análisis antropológico», detalló Sosa. «Si no hay recursos no se podrá avanzar. La evidencia se deteriorará. ¿Qué destino tendrán los cuerpos exhumado sin identificar?», cuestionó.

La Comisión había estimado que necesitaría unos 465 mil dólares para operar por 18 meses. Dada la urgencia de la situación, calculan que por lo menos
necesitan 120 mil dólares para que no se detengan las actividades. Considerando que Panamá se encuentra en medio de una pandemia sanitaria, ¿es prioritario asignar recursos para la Comisión?  No hacerlo pondría en peligro un esfuerzo histórico por traer justicia y familias, así cómo descubrir la verdad detrás de la intervención militar más sangrienta en la historia del país. Suspender los trabajos dejaría, como mencionó Sosa, en vilo el futuro de los cuerpos exhumados y comprometería el trabajo científico y los protocolos que legitiman la identificación de las víctimas.  El presupuesto estatal para el 2021 es de 24 mil millones de dólares. De allí se han destinado millones de dólares para alquiler de autos, compra de boquitas y comida para la Asamblea Nacional, y muchas otras compras que han sido consideradas necesarias por el Gobierno Nacional. Los 120 mil dólares, mínimo para que se continúen los trabajos en Jardín de Paz, son menos del 0.5% del presupuesto nacional.

La familia Betancourt ha preparado una carta, dirigida al presidente Laurentino Cortizo, pidiendo que por favor gestione un presupuesto para que la Comisión continúe haciendo su trabajo.  «Vimos después de muchos años la acción concreta por parte del Estado panameño de darnos respuesta, de atender nuestro dolor, de validar nuestro derecho a conocer la suerte y paradero de nuestros familiares. Han pasado 31años, hemos avanzado sumidos en la incertidumbre, pero sin rendirnos nunca señor presidente. Necesitamos de su ayuda. Lo necesitamos».