A la tarea de darle identidad a víctimas de la invasión, se suma establecer la memoria histórica de este hecho e investigar los perjuicios económicos.
«Todavía tenemos que seguir en esta tarea», fueron las palabras del presidente de la Comisión 20 de diciembre, Rolando Murgas Torraza, al justificar la última prórroga que otorgó el presidente Laurentino Cortizo para que operen hasta enero de 2027.
El reconocido abogado y catedrático reconoció que cada vez que pasa el tiempo están surgiendo nuevas aristas que obligan a hacer necesario tener más tiempo.
Aclaró que la prórroga se solicitó desde hace varios meses y no es una decisión de última hora del gobierno saliente, que se la otorgó el pasado lunes mediante un decreto.
La Comisión 20 de diciembre se ha concentrado en darle identidad a los restos óseos exhumados del Jardín de Paz y Monte Esperanza y para dicha finalidad se enviaron 28 muestras a Guatemala, mientras que otras 10 están siendo tratadas en el país.
Esperamos tener de aquí a fin de año los resultados de las pruebas de ADN», estima Murgas Torraza.
Por otra parte, están requiriendo ampliar el banco de datos de las muestras de ADN tomadas a los familiares de las víctimas.
Y es que mientras más familiares se tomen muestras de ADN, las comparaciones pueden ser más efectivas.’
«Los integrantes de la Comisión 20 de diciembre son Ad honoren y no cobran ni viáticos.
La Comisión 20 de diciembre fue creada en enero de 2016 en el gobierno de Juan Carlos Varela.
Se desconoce cuantos panameños murieron como consecuencia de la invasión del 20 de diciembre y esta pregunta tampoco ha podido ser resuelta por la comisión.
Desde 2023, el 20 de diciembre es Día de Duelo Nacional y de descanso obligatorio, con el respectivo recargo que se les debe reconocer a quienes laboren en esa fecha.
«Ya estamos recibiendo más familiares que llegan a que se les tomen ADN», informó Murgas Torraza.
Por otra parte, se trabaja en la memoria histórica de los hechos registrados en torno a la invasión y para tal finalidad, recientemente, los integrantes de la comisión firmaron un acuerdo con los Archivos Nacionales.
El propósito es que la institución resguarde la parte documental, para que si la comisión desaparece se le entregue toda la documentación recopilada en ocho años de trabajo.
Según el presidente de la Comisión 20 de diciembre, más adelante será necesaria una ley que regule la custodia de todas las pruebas documentales que se obtengan sobre la invasión estadounidense.
Otra arista que se está investigando son las afectaciones económicas que sufrieron panameños como consecuencia de la agresión armada.
Murgas Torraza explicó que el saqueo que se dio durante la invasión afectó a muchos empresarios y los Estados Unidos son responsables.
Y es que los norteamericanos no cumplieron con las normas internacionales de que el país que ocupa militarmente otro está obligado a garantizar la vida y la seguridad de las personas y los bienes.
Fondos
A la comisión se le vencía el periodo en enero de 2025, sin embargo, la nueva prórroga se da con antelación para que en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores del próximo año, puedan incluirse los recursos que necesita.
«En el periodo que se supone deberíamos estar activos, en cada ocasión, resulta que por esa temporalidad ya el presupuesto estaba aprobado y teníamos que estar gestionando créditos extraordinarios«, explicó Murgas Torraza.
Fuente: Panamá América