FUENTE: PRENSA LATINA
El Consejo de Gabinete aprobó declarar el 20 de diciembre como Duelo Nacional en homenaje a las víctimas de la invasión del ejército de Estados Unidos a Panamá, ocurrida ese día de 1989, trascendió hoy.
Según nota de prensa de la Presidencia, la resolución ordena izar la bandera a media asta, aunque no está contemplado el cierre obligatorio de las oficinas públicas ni privadas.
El pasado año, la actual administración del presidente, Laurentino Cortizo, fue la primera en tres décadas en proclamar la luctuosa fecha como Duelo Nacional, en reconocimiento ‘al dolor, luto y tristeza de los familiares’ de los muertos y desaparecidos durante ese suceso histórico, sobre el cual se desconocen las cifras reales.
En el anterior gobierno, el exmandatario Juan Carlos Varela (2014-2019) creó la Comisión 20 de Diciembre con el objetivo de realizar una exhaustiva investigación sobre los hechos y comprobar la identidad de muchas personas asesinadas, cuyos restos yacen amontonados en fosas comunes.
A juicio de Juan Planells, quien encabeza el grupo integrado por varios expertos locales, con este trabajo ‘estamos recuperando nuestra historia, estamos ampliando el número de los caídos el 20 de diciembre’, además de investigar sobre ‘una de las heridas más profundas en la memoria de los panameños’.
Las pesquisas realizadas hasta la fecha arrojaron indicios sobre la existencia de un tercer enterramiento clandestino, independiente de los ubicados en el capitalino cementerio Jardín de Paz y el de Monte Esperanza, en la norteña ciudad de Colón, afirmó recientemente.
La invasión estadounidense, denominada Operación Causa Justa, tuvo lugar en las provincias de Panamá y Colón entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990 bajo la presidencia de George W. Bush, con el supuesto propósito de capturar al fallecido general Manuel Antonio Noriega y desmantelar las Fuerzas de Defensa del país istmeño.
Sin embargo, su historia todavía guarda muchos enigmas porque el ejército agresor se negó a ofrecer documentación que permita esclarecer lo ocurrido y la suerte de un número indeterminado de civiles y militares muertos y desaparecidos, en tanto solo existen testimonios de testigos que relataron anécdotas aisladas.
Entre las múltiples versiones, una de las más reiteradas es la creación de fosas comunes, una de ellas con documentación fotográfica, mientras otros relatos refieren enterramientos fuera de las necrópolis e incluso cadáveres incinerados o tirados al mar.
El pasado año, la actual administración del presidente, Laurentino Cortizo, fue la primera en tres décadas en proclamar la luctuosa fecha como Duelo Nacional, en reconocimiento ‘al dolor, luto y tristeza de los familiares’ de los muertos y desaparecidos durante ese suceso histórico, sobre el cual se desconocen las cifras reales.
En el anterior gobierno, el exmandatario Juan Carlos Varela (2014-2019) creó la Comisión 20 de Diciembre con el objetivo de realizar una exhaustiva investigación sobre los hechos y comprobar la identidad de muchas personas asesinadas, cuyos restos yacen amontonados en fosas comunes.
A juicio de Juan Planells, quien encabeza el grupo integrado por varios expertos locales, con este trabajo ‘estamos recuperando nuestra historia, estamos ampliando el número de los caídos el 20 de diciembre’, además de investigar sobre ‘una de las heridas más profundas en la memoria de los panameños’.
Las pesquisas realizadas hasta la fecha arrojaron indicios sobre la existencia de un tercer enterramiento clandestino, independiente de los ubicados en el capitalino cementerio Jardín de Paz y el de Monte Esperanza, en la norteña ciudad de Colón, afirmó recientemente.
La invasión estadounidense, denominada Operación Causa Justa, tuvo lugar en las provincias de Panamá y Colón entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990 bajo la presidencia de George W. Bush, con el supuesto propósito de capturar al fallecido general Manuel Antonio Noriega y desmantelar las Fuerzas de Defensa del país istmeño.
Sin embargo, su historia todavía guarda muchos enigmas porque el ejército agresor se negó a ofrecer documentación que permita esclarecer lo ocurrido y la suerte de un número indeterminado de civiles y militares muertos y desaparecidos, en tanto solo existen testimonios de testigos que relataron anécdotas aisladas.
Entre las múltiples versiones, una de las más reiteradas es la creación de fosas comunes, una de ellas con documentación fotográfica, mientras otros relatos refieren enterramientos fuera de las necrópolis e incluso cadáveres incinerados o tirados al mar.