La Comisión 20 de diciembre de 1989 confirmó la muerte por causa de la invasión estadounidense de 250 personas. Y 30 años después, se reabrieron casos para ponerle nombre y apellido a unos 14 desaparecidos
El saldo de víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá es una deuda pendiente que tienen los panameños. Una cifra sobre la cual, aún 30 años después, persiste un velo vergonzoso.
La Comisión 20 de diciembre de 1989, en un trabajo encomiable, inició su depuración con una lista preliminar de 331 víctimas de aquella intervención militar, de las cuales han podido confirmar a 250 tras un poco más de dos años de investigación exhaustiva.
Pero el saldo de los muertos y desaparecidos no se conoce con certeza. En enero se exhumarán 15 cuerpos que fueron enterrados en el Jardín de Paz para tratar de indentificarlos a través de pruebas de ADN, explicó Juan Planells, presidente de la Comisión 20 de diciembre.
Los 15 casos fueron aperturados a solicitud de la Comisión y las exhumaciones fueron autorizadas por la fiscal Geomara Jones.
Fosas comunes
El 24 de diciembre de 1989, días después de iniciada la intervención militar estadounidense a Panamá, Guillermo ‘Billy’ Ford —en ese entonces vicepresidente de la nómina que encabezó Guillermo Endara y que recién se había instalado en el poder tras ser juramentado en la base militar de Clayton—pidió unas parcelas en el Jardín de Paz para enterrar a unos 250 muertos.
El sustento era que ‘no cabían en la morgue y que había un peligro de epidemia’, cuenta José Manuel Paredes Lefevre, representante de Administradora de Cementerios S.A. en una declaración notariada de los hechos para la Comisión 20 de diciembre.
Tras la asignación de los lotes, consiguió dos retroexcavadoras y a eso de las 5:00 pm llegaron “dos contenedores refrigerados traídos por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos” y cuya operación, según recuerda Paredes, la dirigía un oficial norteamericano.
Así llegaron 124 víctimas de la Invasión al Jardín de Paz. 88 estaban identificados con nombre y un código que ‘manejaban ellos’. Los fiscales daban la instrucción a personal de los bomberos —como los identificó Paredes en su relato— para que sacaran los cuerpos que estaban dentro de bolsas plásticas y los pusieran dentro de las fosas. Ese día, el 24 de diciembre, la jornada terminó a las 6:30 pm, pero el hecho se repitió el 25, el 26 y el 30 de diciembre, sumando 124 inhumaciones según la base de datos del Jardín del Paz.
De acuerdo al testimonio de Paredes, administrador del cementerio, los lotes utilizados —del A3 al A12, del B3 al B12 y el del C3 al C12, todos en la manzana 90—, fueron pagados por el gobierno a un monto de $89,980.
‘Desconocidos’
De los cadáveres contabilizados en el Jardín de Paz, 36 de ellos fueron llevados originalmente sin haber sido reconocidos, enterrándose tan solo con un código y la descripción ‘desconocido’.
De ellos, 17 fueron exhumados en días posteriores a la invasión, tras ser reclamados por sus familiares para trasladar los restos a otra parecela o a otro cementerio.
La Fiscalía Superior de Descarga del Área metropolitana de Homicidio y Femicidio, autorizó la apertura de 14 expedientes de estos desaparecidos, algunos con nombre y otros desconocidos, por medio del oficio 484.
Con base en este oficio se espera la exhumación de los 15 cadáveres anunciada por la Comisión para realizarse el próximo mes de enero.
Muchos testigos coinciden en que quizás nunca se conozca el saldo real de víctimas, la mayoría de ellas civiles, confirmó Planells, que coincide con el Informe de fondo número 121 del año 2018, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde responsabilizaron a los EEUU y recomendaron medidas de reparación a las víctimas.
La memoria seguirá reclamando a las víctimas; y tarde o temprano, la historia también lo hará.
Lo que dice la CIDH sobre las víctimas
Informe
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 10 de mayo de 1990 por una acción legal que presentaron en los abogados panameños Gilma Camargo y José Luis Morín representando a 272 víctimas de la invasión. Entre las peticiones, 152 casos alegaban haber sufrido alguna vulneración a su derecho de propiedad, o afectaciones debido a la muerte de víctimas o familiares, o de lesiones graves, que necesariamente involucran un componente económico.
Un primer informe del organismo resaltó la controversia existente entre Estados Unidos y la sociedad civil panameña sobre la cifra real de muertes civiles con motivo de la invasión de Panamá. Dicha duda surgía como consecuencia de la marcada diferencia entre la cifra oficial proporcionada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, 202 civiles y menos de 100 militares, y las cifras citadas por otros voceros, como Americas Watch, el Comité Panameño, Physicians for Human Rights y voceros de la Iglesia Católica, las cuales coincidían en afirmar entre 300 y 600 panameños fallecidos. En base a lo recabado, concluyeron con “la imprecisión e incertidumbre sobre las circunstancias -y el número- de las muertes”.